La organización Human Rights Watch (HRW) alertó este miércoles (13.01.2021) de la «consolidación» de las «dictaduras» en Cuba, Nicaragua y Venezuela y de la ausencia de liderazgo en materia de derechos humanos en Latinoamérica, debido en parte al populismo de los Gobiernos de Brasil y México, los dos mayores países de la región.
La organización con sede en Nueva York presentó su informe anual, en el que repasa la situación de los derechos humanos en el mundo, que han vivido un 2020 muy complicado. «El año pasado ha sido probablemente uno de los peores años para los derechos humanos, yo me atrevería a decir, en las últimas tres décadas», aseguró el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, en una conferencia de prensa.
En el caso de Latinoamérica, Vivanco destacó que ha sufrido la «consolidación de tres dictaduras» en Venezuela, Nicaragua y Cuba, regímenes que están «más fuertes que nunca».
Según HRW, en cada caso hay factores propios que explican esa realidad, pero también se da un «ausencia manifiesta de liderazgo por la causa de los derechos humanos» en la región que hace más difícil enfrentar a esos Gobiernos. «Esto es especialmente notorio porque los dos gigantes de América Latina, los países más poblados, de mayor peso y que ejercen obviamente una enorme influencia en su región, y me estoy refiriendo fundamentalmente a Brasil y a México, están liderados por líderes populistas, por demagogos», señaló.
El Informe Mundial 2021, la 31a edición de la revisión anual de Human Rights Watch de las prácticas y tendencias de derechos humanos en todo el mundo, analiza los acontecimientos ocurridos en el último año en más de 100 países.
En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth hace un llamamiento al gobierno entrante de Estados Unidos para que integre más profundamente el respeto por los derechos humanos como un elemento de la política nacional y exterior, con el objetivo de contrarrestar las “descabelladas oscilaciones en política de derechos humanos” que han caracterizado en las últimas décadas a todos los nuevos residentes de la Casa Blanca. Roth enfatiza que incluso cuando la administración Trump abandonó en su mayoría la protección de los derechos humanos, junto con China, Rusia y demás, otros gobiernos –por lo general en coalición y algunos actores nuevos en el contexto— dieron un paso al frente para defender los derechos. Conforme busca afianzar la protección de los derechos, la administración de Biden debería procurar unirse a, no suplantar, este nuevo esfuerzo colectivo.
El informe refleja el trabajo de investigación realizado por el personal de Human Rights Watch en 2020, generalmente en estrecha colaboración con activistas de derechos humanos en el país en cuestión. También refleja el trabajo de nuestro equipo de incidencia, que monitorea la evolución de los temas de política y trata de persuadir a los gobiernos y las instituciones internacionales para que pongan fin a los abusos y promuevan los derechos humanos.
Como en años anteriores, el Informe Mundial no incluye un capítulo sobre cada uno de los países donde trabaja Human Rights Watch, ni trata todos los temas de importancia. La ausencia de un país o problema en particular a menudo refleja simplemente limitaciones de personal y no debería tomarse como un comentario sobre la importancia del problema. En el mundo ocurren tantas violaciones graves de derechos humanos que Human Rights Watch simplemente no tiene la capacidad de abordar.
El Informe Mundial de este año está dedicado a la memoria de Dan Baum y Mickey Spiegel, colegas estimados a quienes perdimos en 2020 pero que recordamos todos los días.
CUBA
El gobierno cubano reprime y castiga cualquier forma de disenso y crítica pública. Sigue utilizando contra sus críticos tácticas como golpizas, denigración pública, restricciones a la posibilidad de viajar, detenciones por períodos breves, multas, acoso en línea, vigilancia y despidos de los puestos de trabajo.
En octubre de 2019, Miguel Díaz-Canel fue confirmado como presidente de Cuba con casi el 97 % de los votos de los miembros de la Asamblea Nacional. Durante su presidencia no se han producido cambios en las políticas del gobierno sobre derechos humanos. El gobierno sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias e intimida a quienes manifiestan críticas. Bajo su gobierno, Cuba ha aplicado el Decreto-ley 370/2018, que entró en vigor en julio de 2019 y que limita gravemente la libertad de expresión, a los fines de detener, multar y acosar a críticos.
Detenciones arbitrarias y encarcelamiento de corta duración
El gobierno sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas. Entre enero y agosto de 2020, se produjeron 1.028 detenciones arbitrarias, según la organización Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid.
Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un supuesto patrón de conducta delictiva.
A menudo se realizan detenciones o se amenaza con esa posibilidad para impedir que las personas participen en marchas pacíficas o mítines políticos. Es común que los detenidos sufran golpizas, reciban amenazas y permanezcan incomunicados por horas o incluso días. Policías y agentes de seguridad del Estado siguen hostigando, maltratando y deteniendo a miembros de las Damas de Blanco (una organización fundada por esposas, madres e hijas de presos políticos) antes o después de asistir a la misa de domingo.
En mayo, se detuvo al activista y abogado Enix Berrio Sardá por violar las restricciones de circulación relacionadas con el Covid-19, luego de que él presentara una petición para que se declarara la inconstitucionalidad del Decreto-ley 370/2018.
En junio, las autoridades detuvieron o amenazaron con detener a numerosas personas para evitar una manifestación contra la violencia policial en La Habana. La policía hostigó por lo menos a 80 personas llamándolas o presentándose en sus casas para advertirles que no asistieran a la manifestación. En algunos casos, el día de la protesta agentes policiales se posicionaron frente al domicilio de las personas durante todo el día para impedir que salieran. Al menos 50 personas fueron arrestadas al intentar acudir a los lugares donde se desarrollaba la manifestación y fueron detenidas temporalmente. A algunas se las acusó de “propagación de epidemias”.
El 8 de septiembre, las autoridades detuvieron o amenazaron con detener a decenas de personas en todo el país a fin de impedir manifestaciones por la democracia que se habían organizado para que coincidieran con un importante festival religioso. Periodistas y activistas por la democracia denunciaron esa mañana que había policías posicionados frente a sus casas, y grupos opositores denunciaron que decenas de personas habían sido detenidas, entre ellas, José Daniel Ferrer, fundador y líder de la Unión Patriótica de Cuba, la organización por la democracia más importante y activa de la isla.
Libertad de expresión
El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a información proveniente del extranjero. Según un informe de 2019 elaborado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Cuba tiene el “clima más restringido para el ejercicio del periodismo de América”.
Unos pocos periodistas y blogueros independientes logran publicar artículos, videos y noticias en páginas web y redes sociales, como Twitter y Facebook. El gobierno obstaculiza sistemáticamente el acceso a muchos de estos sitios de noticias y blogs dentro de Cuba. En 2019, antes del referéndum viciado que avaló una nueva constitución, bloqueó varios sitios de noticias considerados críticos del gobierno, incluidos 14ymedio, Tremenda Nota, Cibercuba, Diario de Cuba y Cubanet. Desde entonces, ha continuado bloqueando varios sitios de noticias.
Debido al elevado costo de Internet —y al acceso limitado a este—, sólo una pequeña parte de la población cubana puede leer sitios web y blogs independientes. En 2017, Cuba anunció que ampliaría progresivamente los servicios domiciliarios de Internet. En 2019, el gobierno emitió nuevas reglamentaciones que permitían la importación de enrutadores y de otros equipos así como la creación de redes de Internet privadas por cable y wifi en viviendas y empresas.
Los periodistas independientes, blogueros, influencers en redes sociales, artistas y académicos que publican información que se considera crítica del gobierno suelen ser víctimas de hostigamiento, violencia, campañas de desprestigio, restricciones para viajar, cortes de Internet, acoso en línea, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias. Es común que se los mantenga incomunicados durante detenciones.
En julio de 2019, entró en vigencia el Decreto-ley 370/2018 sobre la “informatización de la sociedad”, que prohíbe la difusión de información “contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. Las autoridades han utilizado esta ley para interrogar y multar a periodistas y críticos, y para confiscar sus materiales de trabajo. En marzo, a la periodista Camila Acosta se le aplicó una multa en relación con tres publicaciones que había realizado en Facebook, incluido un meme de Fidel Castro.
Entre febrero y septiembre, las autoridades cubanas acosaron a la YouTuber Ruhama Fernández, que ha publicado videos críticos del gobierno. Las autoridades la citaron en reiteradas oportunidades para que se sometiera a interrogatorios policiales y le negaron la posibilidad de obtener un pasaporte. En abril, luego de citar a Fernández para que se presentara en una estación de policía, los agentes le dijeron que dejarían de asediarla si ella cesaba en sus críticas al gobierno. En septiembre, Fernández recibió una amenaza anónima por teléfono; le dijeron que iban a “acabar” con ella.
Entre septiembre de 2019 y marzo de 2020, el artista Luis Manuel Otero Alcantará fue detenido al menos 10 veces, a menudo sin cargos, por realizar intervenciones artísticas en las que usaba la bandera cubana mientras realizaba actividades cotidianas.
En marzo de 2020, entró en vigencia la Ley 128/2019, la Ley de los Símbolos Nacionales, que restringe el uso de la bandera, el escudo y el himno nacional de Cuba.
Presos políticos
El Centro Cubano de Derechos Humanos informó que, hasta agosto, en Cuba había detenidas 75 personas que encuadraban en la definición de presos políticos, y otras 28 personas, según la mencionada organización, estaban detenidas por sus creencias políticas. A su vez, otras 33 que habían sido condenadas por sus creencias políticas cumplían arresto domiciliario o se encontraban en libertad condicional. El gobierno no permite que organizaciones independientes de derechos humanos puedan acceder a las cárceles en el país. Las organizaciones locales creen que la cantidad real de presos políticos es mayor, pero las restricciones limitan su capacidad de documentar los casos.
Los cubanos que critican al gobierno siguen expuestos a la amenaza de ser perseguidos penalmente. No se les brindan un debido proceso, como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y con las correspondientes garantías por un tribunal competente e imparcial. En la práctica, los tribunales están subordinados al poder ejecutivo y al legislativo.
En febrero, un juez en Santiago condenó a José Daniel Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba, por agresión y secuestro, en lo que los activistas consideran que fue un juicio irregular. En abril, luego de estar seis meses en prisión preventiva, fue condenado a cuatro años de prisión domiciliaria.
En abril de 2020, el activista por la democracia y miembro del partido opositor Maikel Herrera Bones fue arrestado tras haberse manifestado por los cortes de electricidad en su vecindario y mantener una discusión con un policía. En un principio se lo acusó de desobedecer órdenes, pero una semana después de su detención, las autoridades agravaron la acusación a “agresión”. En agosto, Herrera llamó desde la cárcel a un compañero activista para denunciar que no le estaban proporcionando el tratamiento adecuado para el VIH y que su salud estaba empeorando. En septiembre, contó a otro activista que le habían dicho que le brindarían el tratamiento médico que necesitaba si dejaba de quejarse de los abusos en la cárcel.
Restricciones a la posibilidad de viajar
Desde que se llevaron a cabo reformas en 2013, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado el permiso para viajar han podido hacerlo, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros independientes. Sin embargo, las reformas otorgaron al gobierno amplias facultades discrecionales para restringir el derecho a viajar por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”. Las autoridades han seguido negando selectivamente la salida a personas que expresan críticas al gobiero.
El gobierno restringe el desplazamiento de ciudadanos dentro de Cuba mediante la aplicación de una ley de 1997, el Decreto 217, que tiene como propósito limitar la migración a La Habana desde otras provincias. El decreto ha sido usado para hostigar a disidentes e impedir que personas viajen a La Habana para asistir a reuniones.
En noviembre de 2019, las autoridades le informaron a la periodista Camila Acosta que no podía salir del país. Un funcionario de inmigración frenó a Acosta cuando intentaba tomar un vuelo a la Argentina para participar en un evento de derechos humanos.
En agosto, a Ruhama Fernández, influencer en las redes sociales, se le negó el pasaporte para viajar a Estados Unidos a recibir un premio y visitar a sus padres. Un funcionario le dijo que era una “persona regulada” por “motivos de interés público”.
Condiciones en centros de detención
Las prisiones del país en general están sobrepobladas. Los presos son obligados a trabajar jornadas de 12 horas y reciben castigos si no cumplen las cuotas de producción preestablecidas, según informaron ex presos políticos. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los detenidos puedan presentar reclamos por abusos. Aquellos que critican al gobierno, emprenden huelgas de hambre o recurren a otras formas de protesta a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante extensos períodos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de atención médica.
Si bien el gobierno permitió que unos pocos miembros de la prensa extranjera elegidos específicamente realizaran visitas supervisadas a algunas prisiones en 2013, continúa negando que organizaciones de derechos humanos internacionales y organizaciones cubanas independientes accedan a las cárceles.
En abril, para reducir el riesgo de propagación del Covid-19 en las cárceles, el gobierno suspendió las visitas familiares, restringió el tipo de alimentos que los familiares podían enviar a los presos y, en lo que constituye una medida positiva, liberó a más de 6.500 personas. Los medios independientes han informado sobre detenidos aislados con casos sospechados de Covid-19 en algunas cárceles. Sin embargo, hasta octubre de 2020, el Ministerio de Salud no había confirmado casos de Covid-19 en establecimientos penitenciarios.
Derechos laborales
Aunque Cuba actualizó su Código de Trabajo en 2014, el país sigue violando los estándares de la Organización Internacional del Trabajo que ha ratificado en materia de libertad de asociación y negociación colectiva. Si bien, técnicamente, la legislación cubana autoriza la formación de sindicatos independientes, en la práctica Cuba sólo permite una confederación de sindicatos controlados por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba.
Cuba envía al extranjero a decenas de miles de trabajadores de la salud todos los años para abordar crisis a corto plazo y desastres naturales. Los trabajadores ofrecen valiosos servicios a muchas comunidades, pero lo hacen bajo normas estrictas y abusivas que violan sus derechos, como el derecho a la privacidad, a la libertad, a la circulación y los derechos de expresión y de asociación. En 2020, Cuba envió a alrededor de 4.000 médicos para que ayudaran a casi 40 países a responder a la pandemia del Covid-19. Ese personal se sumó a los aproximadamente 28.000 trabajadores de la salud cubanos que se habían enviado antes de la pandemia.
Defensores de derechos humanos
El gobierno cubano todavía no reconoce a la defensa de los derechos humanos como una actividad legítima y niega estatus legal a organizaciones locales de derechos humanos. Ha sido habitual que autoridades gubernamentales hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que han intentado documentar abusos. En marzo, dos miembros de las Damas de Blanco fueron detenidas durante siete días sin ningún tipo de acusación formal, luego de haber asistido a un evento para celebrar el Día de la Mujer en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Las autoridades después las “deportaron” a la ciudad donde vivían, Santiago, a más de 460 millas de distancia. A otras integrantes del grupo se las había detenido para evitar que asistieran al evento.
Orientación sexual e identidad de género
La constitución de 2019 prohíbe expresamente la discriminación sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, muchas personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) sufren violencia y discriminación, en especial, en el interior del país. En su informe de 2019 sobre Cuba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se refirió a señalamientos de que la policía a menudo se niega a investigar ataques contra personas LGBT y que se ha despedido o excluido a esas personas de la educación universitaria debido a su orientación sexual o identidad de género.
Ante una serie de protestas, el gobierno cubano eliminó disposiciones del proyecto final de la constitución aprobado en febrero de 2019, que habrían establecido una nueva definición de matrimonio que incluyera a las parejas del mismo sexo. El gobierno manifiesta que en marzo de 2021 presentará ante la Legislatura una nueva versión del Código de Familia, que rige lo relativo al matrimonio, y que luego someterá el código a votación en un referéndum.
En mayo de 2019, miembros de las fuerzas de seguridad reprimieron una manifestación en La Habana a favor de los derechos de las personas LGBT y detuvieron a varios activistas, según informaron medios de comunicación. La manifestación, que no fue autorizada, fue organizada después de que el gobierno anunciara que había cancelado la marcha del Orgullo Gay 2019 de Cuba.
Derechos sexuales y reproductivos
El aborto está despenalizado por cualquier motivo en Cuba desde 1965. Cuba es uno de los pocos países latinoamericanos que han adoptado esta política. El procedimiento se ofrece sin cargo en los hospitales públicos.
NICARAGUA
Desde que asumió en 2007, el gobierno del Presidente Daniel Ortega ha desmantelado prácticamente todos los controles institucionales sobre el poder presidencial. El Consejo Supremo Electoral, compuesto por miembros leales a Ortega, ha excluido a partidos políticos opositores y destituido a legisladores de la oposición. La Corte Suprema de Justicia ha confirmado decisiones del Consejo Supremo Electoral que socavan derechos políticos y que permitieron a Ortega ignorar una prohibición constitucional a su reelección y postularse a un segundo mandato.
En octubre, el Congreso sancionó dos leyes promovidas por el Presidente Ortega que podrían vulnerar gravemente la libertad de asociación y de expresión.
La respuesta del gobierno al Covid-19 se caracterizó por negar el impacto de la pandemia y contradecir las recomendaciones de los expertos mundiales en salud. El gobierno fomentó, en un principio, los eventos multitudinarios, y nunca dispuso el cierre de escuelas ni medidas de confinamiento o de distanciamiento social. En abril, Ortega manifestó estar en contra de las campañas públicas que instaban a las personas a quedarse en casa.
La feroz represión por agentes de la Policía Nacional y grupos armados partidarios del gobierno en 2018 dejó un saldo de más de 300 muertos y 2.000 heridos, y cientos de personas detenidas arbitrariamente y procesadas. El gobierno de Ortega ha seguido adelantando procesos penales contra manifestantes y críticos. Asimismo, continúan impunes violaciones de derechos humanos cometidas por policías.
Otros problemas que persisten en Nicaragua son las severas restricciones a la libertad de expresión y de asociación, la discriminación política contra funcionarios de la administración pública que apoyan a la oposición y las restrictivas leyes sobre aborto que dejan sin opciones a las víctimas de violación sexual.
Represión del disenso
En abril de 2018, se iniciaron en todo el país protestas multitudinarias contra el gobierno. Miembros de la Policía Nacional, en coordinación con grupos armados partidarios del gobierno, reprimieron brutalmente a los manifestantes, dejando un saldo de 328 muertos, casi 2.000 heridos y cientos de detenidos. Al intensificarse la represión, algunas personas respondieron con violencia. Las autoridades reportaron que 21 policías murieron en el contexto de manifestaciones entre abril y septiembre de 2018.
Cientos de manifestantes fueron interceptados y detenidos de forma arbitraria, muchos de ellos durante varios meses. Muchas de estas personas fueron sometidas a torturas y otros maltratos, como descargas eléctricas, golpizas violentas, extracción de uñas, asfixia y violación sexual. La persecución penal a las personas detenidas estuvo marcada por graves violaciones de las garantías de debido proceso y de otros derechos fundamentales.
Los abusos policiales continuaron en 2020. En marzo, miembros de la policía atacaron y detuvieron a manifestantes que demandaban la liberación de presos políticos, según se informó en los medios, y policías y agresores no identificados atacaron a periodistas.
También en marzo, Melvin Alberto Urbina Saavedra murió luego de que policías le dieran una golpiza mientras se encontraba detenido, según informó su familia a la ONG Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH). En abril, miembros de la policía arrestaron a por lo menos cinco manifestantes e hirieron a dos durante un evento en el cual se conmemoraban las manifestaciones de 2018 en Esquipulas, Moyogalpa. En agosto, miembros de la policía citaron a Francisco Aguirre Sacasa, crítico del gobierno y ex ministro de Relaciones Exteriores, para que compareciera ante una dependencia policial. Al llegar, la policía lo arrestó sin informarle los cargos en su contra ni permitirle comunicarse con un abogado. Sacasa luego fue llevado ante los medios rodeado de policías fuertemente armados, y liberado algunas horas más tarde. No obstante, sigue sujeto a un proceso penal por la supuesta compra de artículos robados para su colección de antigüedades.
En 2019, el gobierno de Ortega liberó a 492 personas detenidas en el contexto de las protestas. En la mayoría de los casos, quedaron sujetas a algún tipo de restricción, como el arresto domiciliario. A mediados de junio de 2019, entró en vigor una amplia amnistía que terminó con muchas de estas restricciones, según indicó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). A septiembre de 2020, la ACNUDH estimaba que 94 personas percibidas como opositoras del gobierno continuaban encarceladas.
Debido en parte a la amnistía, al momento de la redacción de este informe, no se conocían investigaciones ni procesos penales para identificar y condenar a los responsables por las violaciones de derechos humanos relacionadas con la represión de 2018. En 2019, el Presidente Ortega ascendió a altos funcionarios implicados en abusos.
Ataques contra defensores de derechos humanos y medios de comunicación independientes
Defensores de derechos humanos y otros actores que son críticos del gobierno siguen siendo blancos de amenazas de muerte, intimidación, campañas de difamación en línea, hostigamiento, vigilancia y agresiones. Algunos fueron sometidos a procesos penales arbitrarios marcados por violaciones al debido proceso. El gobierno continúa aplicando medidas innecesarias y desproporcionadas de vigilancia, acoso y ataques selectivos en contra de defensores de derechos humanos y cualquiera que se identifique con la oposición, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En octubre de 2020, el Congreso aprobó un proyecto de ley “de agentes extranjeros” promovido por Ortega, que podría ser utilizada para reprimir aún más el disenso. La ley exige que algunas personas físicas o jurídicas que reciban fondos desde el exterior directa o indirectamente se registren como “agentes extranjeros” y les prohíbe intervenir en cuestiones de política interna y externa. La ley podría afectar a periodistas, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y opositores políticos. Asimismo, prohíbe que las personas registradas como “agentes extranjeros” se postulen a cargos públicos hasta que haya transcurrido un año desde haber dado de baja su inscripción. También en octubre, el Congreso adoptó una ley sobre ciberdelitos que penaliza la difusión de “noticias falsas” y otras expresiones en internet; por ejemplo, al establecer penas de hasta 5 años de prisión para quien “publique” o “difunda” en internet información “falsa” o “tergiversada, que produzcan alarma, temor, zozobra”.
Asimismo, Ortega manifestó en septiembre que su gobierno impulsaría una reforma constitucional con el fin de establecer penas de prisión perpetua para “crímenes de odio”. Estos proyectos de ley restringirían aún más la posibilidad de que la oposición compita de manera justa en las elecciones presidenciales de noviembre de 2021.
En septiembre de 2019, el comandante en jefe del Ejército, Julio César Avilés Castillo, acusó a varias ONGs de “golpistas”. A junio de 2020, el Congreso había cancelado la personería jurídica de 10 ONGs, obligándolas a cerrar.
El gobierno de Ortega restringe la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación a través de amenazas, insultos, agresiones físicas, detenciones, investigaciones impositivas arbitrarias y cierres forzosos.
En marzo de 2020, la policía no intervino cuando personas que gritaban consignas a favor de Ortega atacaron y robaron a por lo menos tres periodistas de medios de comunicación independientes que cubrían un funeral en Managua. Ese mismo mes, Emiliano Chamorro, director del medio digital El Portavoz Ciudadano, denunció que la policía lo vigilaba y hostigaba. En julio, Gerall Chávez, cofundador del medio digital Nicaragua Actual —exiliado desde 2018 tras recibir amenazas y ser hostigado por partidarios del gobierno— fue amenazado en Facebook, inclusive con una animación que representaba su asesinato. En agosto, tres empleadas de la alcaldía municipal de El Rama presentaron una demanda penal por calumnia contra la periodista Kalúa Salazar, de la estación de radio La Costeñísima, por denunciar actos de corrupción. Al momento de elaboración de este informe, Salazar esperaba el inicio del juicio. En octubre, un grupo oficialista atacó e hirió gravemente a la periodista Verónica Chávez, del medio 100% Noticias, en Masaya, cuando se retiraba de una reunión de la oposición.
La CIDH calcula que entre abril de 2018 y abril de 2020 más de 90 periodistas han huido de Nicaragua.
Solicitantes de asilo nicaragüenses
Según la CIDH, hasta abril de 2020, más de 103.000 ciudadanos habían huido de Nicaragua desde abril de 2018. En marzo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados denunció que había alrededor de 77.000 refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica.
Aunque la mayoría de los nicaragüenses se han ido a Costa Rica, miles se han dirigido a México, Panamá y Estados Unidos.
Derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas
Desde 2006, Nicaragua prohíbe el aborto en todas las circunstancias, incluso cuando un embarazo suponga un riesgo para la vida o sea el resultado de violación o incesto. Las mujeres y niñas que abortan enfrentan penas de hasta dos años de cárcel. Las penas para los profesionales médicos que realicen abortos van de uno a seis años de cárcel. Debido a la prohibición del aborto, mujeres y niñas con embarazos no deseados se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos e inseguros, que ponen en riesgo su salud y su vida.
Venezuela
Venezuela atraviesa una gravísima emergencia humanitaria, con millones de personas que no tienen acceso a una atención de la salud básica ni a una nutrición adecuada. El acceso limitado al agua segura en los hogares y centros de salud ha contribuido a la propagación del Covid-19.
En septiembre, una misión de determinación de los hechos creada por el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas determinó que autoridades del más alto nivel cometieron flagrantes abusos que constituyen crímenes de lesa humanidad. El gobierno de Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad son responsables de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por períodos breves y han encarcelado a opositores, juzgado a civiles en tribunales militares, torturado a detenidos y reprimido a manifestantes. Se han valido del estado de excepción impuesto en respuesta al Covid-19 como pretexto para arremeter contra opositores e incrementar su control sobre la población.
Venezuela ha estado en una situación de impasse político desde que Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, declaró que asumía como presidente interino de Venezuela en enero de 2019. Maduro continuó controlando todas las instituciones del país, excepto el poder legislativo. En julio, como medida previa a elecciones parlamentarias programadas para diciembre de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia dispuso que partidarios del gobierno de Maduro intervinieran tres importantes partidos políticos de oposición y nombró a oficialistas para dirigir el Concejo Nacional Electoral (CNE). Los partidarios de Maduro ganaron dos tercios de los escaños en la Asamblea Nacional en elecciones celebradas el 6 de diciembre, las cuales fueron boicoteadas por la mayoría de los partidos de oposición y en las que participó menos de un tercio de los electores registrados. Muchos gobiernos de la región y Europa sostuvieron que las elecciones no habían cumplido con las mínimas garrantías para un proceso libre e imparcial.
El éxodo de venezolanos que huyen de la represión y la escasez de alimentos, medicamentos e insumos médicos representa la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina. La dificultad para obtener estatus legal en otros países y las dificultades económicas causadas por las medidas para contener la propagación del Covid-19 han provocado que cerca de 130.000 personas regresen al país desde marzo de 2020. Muchos retornados sufren abusos al llegar.
Preocupaciones persistentes incluyen brutalidad policial, condiciones precarias de detención, impunidad ante violaciones de derechos humanos, falta de independencia judicial y hostigamiento a defensores de derechos humanos y medios de comunicación independientes.
La crisis de refugiados
Se calcula que alrededor de 5,5 millones de una población total estimada en 32 millones de venezolanos ha huido del país desde 2014, según datos de octubre del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiaos (ACNUR). Muchos venezolanos en el exterior no están contabilizados en estadísticas oficiales. Las causas del éxodo incluyen las crisis de índole política, económica, humanitaria y de derechos humanos.
Muchos venezolanos en el exterior siguen estando en una situación migratoria irregular, lo cual dificulta significativamente su posibilidad de obtener permisos de trabajo, enviar a sus hijos a la escuela y acceder a servicios de salud, además de exponerlos a explotación y abusos.
Las medidas de confinamiento impuestas por diferentes gobiernos para contrarrestar la propagación del Covid-19 han provocado que muchos migrantes pierdan sus trabajos en el sector informal. Alrededor de 130.000 han emprendido el arduo trayecto de vuelta a Venezuela, muchos de ellos a pie. En Venezuela, los retornados han sido retenidos —a menudo por semanas— en centros de cuarentena en condiciones insalubres y de hacinamiento, que probablemente contribuyen a la propagación del Covid-19. Las autoridades y grupos armados partidarios del gobierno, llamados “colectivos” en Venezuela, han amenazado, hostigado verbalmente y maltratado a los retornados.
Persecución, detención y tortura de opositores políticos
El gobierno ha encarcelado a opositores políticos y los ha inhabilitado para postularse a cargos públicos. Al 30 de septiembre, había 348 presos políticos en cárceles o sedes de los servicios de inteligencia, según datos del Foro Penal, una red venezolana de abogados defensores penalistas que trabajan pro bono.
En agosto, Maduro anunció el indulto de 110 presos políticos, pero menos de la mitad habían sido encarcelados por motivos políticos, según informó el Foro Penal, y a algunos ni siquiera se les había imputado cargos. Muchos otros siguen detenidos arbitrariamente o enfrentan arrestos y procesamientos arbitrarios. Algunos han tenido que exiliarse; como el líder opositor Leopoldo López, que huyó del país en octubre. López había sido condenado a 13 años de cárcel por cargos infundados de incitación a la violencia durante una manifestación contra el gobierno en 2014, y pasó años en una prisión militar y bajo arresto domiciliario.
Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia han detenido y torturado a militares acusados de conspirar contra el gobierno. Las autoridades han torturado a varios detenidos para obtener información sobre supuestas conspiraciones. A fin de determinar el paradero de algunos sospechosos, las autoridades han detenido y torturado a sus familiares.
En varias acciones represivas desde 2014, las fuerzas de seguridad y los colectivos han cometido ataques durante manifestaciones. Agentes de las fuerzas de seguridad dispararon municiones antidisturbios a quemarropa contra manifestantes, golpearon brutalmente a individuos que no mostraban resistencia y allanaron violentamente edificios de departamentos.
De más de 15.500 personas detenidas arbitrariamente desde 2014 —incluyendo manifestantes, transeúntes durante protestas y personas que fueron llevadas de sus casas sin la orden judicial correspondiente—, cerca de 9.255 estaban en libertad condicional en septiembre de 2020 pero seguían sujetas a procesos penales. En total, 870 habían sido procesadas en tribunales militares.
El gobierno ha usado el estado de excepción en respuesta al Covid-19 como pretexto para arremeter contra opositores, deteniendo y procesando de manera arbitraria a decenas de opositores políticos, incluyendo diputados, periodistas, trabajadores sanitarios que han criticado su gestión de la pandemia y abogados que brindan asistencia legal a manifestantes que protestan la falta de acceso a agua, combustible o medicamentos.
En julio, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó sobre 16 presuntos casos de tortura y maltrato ocurridos entre junio de 2019 y mayo de 2020, señalando que el número real de casos podría ser “significativamente más elevado”. Los casos incluyen golpizas violentas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas en párpados y genitales, exposición a frío extremo y estar esposado por períodos prolongados. En algunos casos, doctores emitieron certificados médicos falsos o imprecisos que no constataban los signos de tortura.
Presuntas ejecuciones extrajudiciales
Entre 2016 y 2019, policías y agentes de seguridad mataron a más de 19.000 personas en casos de supuesta “resistencia a la autoridad”. A partir del análisis de fuentes públicas, la ACNUDH concluyó que 2.000 personas habían sido asesinadas durante operaciones de seguridad entre enero y agosto de 2020. Muchas de estas muertes violentas podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, señaló la ACNUDH.
Agentes de la Fuerza de Acción Especial (FAES), una fuerza de policía especializada, y otros actores han matado y torturado a residentes de zonas de bajos ingresos, sembrando el miedo y así ejerciendo control social sobre esos sectores. Previamente, las Operaciones de Liberación del Pueblo, redadas llevadas a cabo por fuerzas de seguridad en comunidades populares entre 2015 y 2017, llevaron a denuncias generalizadas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos y desalojos forzados.
Grupos armados
Las autoridades han dependido de los colectivos para dispersar protestas y reprimir a manifestantes.
Durante la pandemia, estos grupos también han ayudado a las autoridades a mantener control social y a atacar e intimidar a opositores políticos y periodistas, a veces con la intención de impedir que reportaran sobre el Covid-19. Según organizaciones locales, los colectivos han obligado a que se cumpla con las medidas de confinamiento en vecindarios con altos niveles de pobreza, golpeando y torturando a aquellos que supuestamente las incumplen.
La minería ilegal en el estado Bolívar es controlada por organizaciones criminales —llamadas “sindicatos” en Venezuela— que vigilan a los ciudadanos, establecen condiciones de trabajo abusivas y tratan brutalmente a quienes acusan de cometer robos y otros delitos, en algunos casos desmembrando y matándolos frente a otros. Los sindicatos actúan con la aquiescencia del gobierno y, en algunos casos, su participación.
En Venezuela también operan grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional y algunas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la mayoría en estados fronterizos. En el estado Apure, estos grupos usan métodos brutales para imponer toques de queda; prohibiciones de cometer delitos como violación sexual, robo y homicidio; y normas que regulan las actividades cotidianas. Con el fin de controlar a la polación, cometen homicidios y violaciones sexuales, imponen medidas de trabajo forzado y reclutan a niños. Estos actos casi siempre quedan impunes, y los residentes señalan que agentes de las fuerzas de seguridad y autoridades locales a menudo actúan en connivencia con grupos armados.
Impunidad por abusos
Entre 2017 y el primer trimestre de 2020, el Ministerio Público informó haber iniciado 4.890 investigaciones sobre asesinatos ocurridos en el contexto de operaciones de seguridad, de los cuales 13 habían dado lugar a juicios y uno había resultado en una condena por homicidio al mes de marzo. Informó que 517 agentes del Estado habían sido imputados y 26 condenados por torturas o maltratos, mientras que 44 personas habían sido acusadas y 10 estaban detenidas a la espera de un juicio por violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas de 2014, 2017 y 2019.
La mayoría de las violaciones de derechos humanos siguen impunes. En julio, la Oficina de la ACNUDH informó que los factores que contribuyen a esta impunidad generalizada incluyen la manipulación de la escena del crimen y la retención de información por parte de las fuerzas de seguridad; conflictos de interés; e intimidación, amenazas y represalias de agentes de esas fuerzas contra las víctimas y sus familiares.
Independencia judicial
Desde que el expresidente Hugo Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional tomaron control del Tribunal Supremo de Justicia en 2004, el poder judicial dejó de actuar como una rama independiente del Estado. Magistrados del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han ratificado en reiteradas oportunidades prácticas y políticas abusivas.
La jueza María Lourdes Afiuni ha estado sujeta a un proceso penal arbitrario desde 2009, después de que cumplió con una recomendación del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria y le concedió libertad condicional a un crítico del gobierno. La jueza pasó un año presa y varios años más bajo arresto domiciliario con cargos en su contra. En julio de 2019, el Tribunal Supremo dispuso que ya no era necesario que se presentara periódicamente ante la justicia, pero aún no se le permitía salir del país, hablar con los medios ni usar redes sociales. En julio, agentes del SEBIN allanaron su vivienda en busca de pruebas contra su hija, que trabajaba con el líder opositor Juan Guaidó en Estados Unidos.
Asamblea Nacional y Asamblea Constituyente
A pesar de múltiples sentencias judiciales que invalidaron las decisiones de la Asamblea Nacional y de reiterados esfuerzos por limitar sus facultades, en 2020 la Asamblea Nacional seguía siendo la única institución en Venezuela que había sido elegida de forma democrática. La oposición obtuvo más de dos tercios de las bancas en 2015.
El gobierno llevó a cabo elecciones legislativas el 6 de diciembre. Una coalición de partidos políticos encabezada por Guaidó boicoteó los comicios en protesta ante la persecución de políticos opositores y la falta de garantías para un proceso libre e imparcial, incluyendo la usurpación de partidos opositores por el Tribunal Supremo de Justicia a mediados de 2020.
En 2017, Maduro hizo caso omiso del requisito constitucional que exige realizar un referéndum para reformar la constitución y decretó la creación de una “Asamblea Constituyente” con ese fin. Esta asamblea, integrada exclusivamente por oficialistas, en la práctica ha reemplazado a la Asamblea Nacional. Ha prorrogado su propio mandato hasta diciembre de 2020 y ha allanado la inmunidad parlamentaria de varios diputados opositores.
Libertad de expresión
Durante más de una década, el gobierno ha ampliado y ejercido su facultad para regular los medios de comunicación de forma abusiva y ha cerrado medios críticos. El gobierno puede suspender sitios web bajo el impreciso supuesto de “incitación”, procesar penalmente expresiones “ofensivas” acerca de altos funcionarios públicos, revocar licencias a medios cuando “lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación” y ha bloqueado sitios web críticos del gobierno. Si bien algunos periódicos, páginas web y estaciones de radio critican a las autoridades, la autocensura por temor a represalias es un serio problema.
En 2017, la Asamblea Constituyente aprobó una Ley contra el Odio, cuyo contenido es sumamente impreciso, que prohíbe partidos políticos que “promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio” y prevé penas de hasta 20 años de prisión para quienes publiquen “mensajes de intolerancia y odio”. Durante el estado de excepción por el Covid-19, muchas personas que compartieron o publicaron información en redes sociales que cuestionaba a funcionarios o políticas de gobierno fueron acusadas de incitación al odio o a delinquir.
Defensores de derechos humanos
Las medidas gubernamentales orientadas a restringir el financiamiento internacional de las ONG —y las acusaciones infundadas de que los defensores de derechos atentan contra la democracia venezolana— generan un clima hostil que limita la capacidad de estas organizaciones de defender los derechos humanos.
En 2010, el Tribunal Supremo de Justicia determinó que las personas u organizaciones que reciben financiamiento del exterior pueden ser juzgadas por traición a la patria. Ese año, la Asamblea Nacional prohibió la asistencia internacional a organizaciones que trabajan en la “defensa de los derechos políticos” o el “control sobre los poderes públicos”.
El 3 de mayo, la ONG Provea exhortó a las autoridades a respetar los derechos de 13 personas detenidas durante un supuesto intento de invasión, incluyendo a dos exsoldados estadounidenses. Maduro acusó a Provea de recibir fondos de la CIA y de defender los derechos de “terroristas” y “mercenarios”.
Las autoridades han reprimido a abogados de derechos humanos que asisten a manifestantes. En marzo, la Guardia Nacional detuvo al abogado Henderson Maldonado durante una manifestación de pacientes con cáncer y enfermedades renales. Un agente lo golpeó en la cabeza y en la mano con una botella de agua congelada y le dijo que no merecía vivir. Tras imputarle los delitos de resistencia a la autoridad e instigación pública a la violencia, fue liberado con la condición de que se presentara ante la justicia cada 30 días.
Discriminación política
Existen señalamientos creíbles de ciudadanos y ONGs de que un programa gubernamental que distribuye alimentos y artículos básicos a precios controlados discrimina contra críticos del gobierno. Previamente, el gobierno despidió a funcionarios públicos que apoyaron referéndums que podrían haber puesto fin a las presidencias de Chávez y Maduro.
Condiciones en centros de detención
La corrupción, la seguridad deficiente, el deterioro de la infraestructura, la sobrepoblación, la falta de personal suficiente y la capacitación inadecuada de los guardias han permitido que, en la práctica, sean pandillas las que controlen a los detenidos. La sobrepoblación penitenciaria se ve agravada por el uso excesivo de la prisión preventiva. Ha habido reportes de brotes de Covid-19 y muertes por motivos de salud en varias cárceles venezolanas.
En mayo, una sublevación en la cárcel Los Llanos del estado Portuguesa porque los guardias no estaban entregando los alimentos que llevaban las familias, de los cuales dependen los internos, dejó un saldo de 47 muertos y 75 heridos, según informó la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones.
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