A juzgar por las condiciones que impone al desembolso de las ayudas económicas a Centroamérica presupuestadas en el plan de gastos para el año fiscal 2023 (FY2023 en inglés), parece claro que Washington no confía en que los gobiernos del llamado Triángulo Norte utilicen de forma adecuada ese dinero sin un poco de presión.
El pasado viernes 1º de julio, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes aprobó el FY2023 y, con él, el presupuesto de operaciones extranjeras de Estados Unidos a través del Departamento de Estado (DOS) y la Agencia Estadounidenses para el Desarrollo Internacional (USAID en inglés) y otras entidades, partida presupuestaria conocida como Sección 7045 (a) de la Ley de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados.
Los congresistas aprobaron cerca de mil millones de dólares para Centroamérica, buena parte de ellos destinados a programas de cooperación con los tres países del norte de la región, Guatemala, El Salvador y Honduras, que se encuentran entre los principales emisores de migrantes que viajan a diario a Estados Unidos de forma irregular.
Pero buena parte de esos fondos, distribuidos en los presupuestos de varias oficinas del gobierno estadounidense no serán desembolsados a menos de que estos países puedan demostrar avances en temas como el combate a la corrupción, la transparencia, la protección a la sociedad civil, la reducción de violencia contra mujeres y niñas, mejoras en los derechos reproductivos de las mujeres, reducción de la pobreza, el combate a la migración irregular y al tráfico de personas y mejoras en la situación fiscal de los países.
De entrada, el desembolso del 60% de esos fondos están sujetos a que, en un informe que debe de entregar al Congreso, el Departamento de Estado certifique que los gobiernos de Alejandro Giammattei en Guatemala, Nayib Bukele en El Salvador y Xiomara Castro en Honduras han cumplido con las condiciones exigidas.
La misma ley de presupuesto aprobada obliga a la Corporación Internacional de Financiamiento para el Desarrollo de los Estados Unidos (DFC), una de las instituciones gubernamentales a través de la que se canalizan los fondos, a que informe 60 días después de la entrada en vigor del FY203 cómo se utilizará la cooperación y de los “mecanismos para salvaguardar la asistencia económica de influencias corruptas”.
Las noticias recientes que llegan del norte de Centroamérica, sobre todo de Guatemala y El Salvador, hablan de lugares en que ocurre lo contrario a lo que establecen las condiciones que ha puesto el congreso estadounidense.
Una de las condiciones establece, por ejemplo, que los tres países deben de ser capaces de demostrar que han emprendido investigaciones criminales y procesos judiciales contra funcionarios que han sido señalados de corrupción. En Guatemala, sin embargo, el Ministerio Público que dirige la fiscal general Consuelo Porras acaba de desistir de la persecución penal a Blanca Stalling, una exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia que fue separada de su puesto por supuestas irregularidades. Ambas, Porras y Stalling, han sido señaladas por el Departamento de Estado como funcionarias corruptas y antidemocráticas en la llamada Lista Engel, otra de las herramientas con que el gobierno estadounidense cuenta en el caso de Centroamérica.
Otra de las condiciones es que los países reduzcan el rol de sus fuerzas armadas en labores de seguridad pública. No es el caso en El Salvador, donde el gobierno de Bukele, a través de un parlamento que controla, mantiene desde marzo pasado un régimen de excepción que ha limitado los derechos constitucionales de miles de salvadoreños arrestados en el marco de una guerra que el gobierno dice tener contra pandillas con las que antes había negociado un pacto de gobernabilidad. El ejército ha estado desplegado en el territorio durante el régimen de excepción.
También en Guatemala el ejército participa en labores de seguridad pública, sobre todo en territorios habitados por comunidades mayas. En noviembre de 2021, de hecho, nueve congresistas demócratas en Washington pidieron al secretario de Estado Anthony Blinken que exigiera explicaciones al presidente Giammattei por el supuesto uso de equipo militar estadounidense en actos de represión contra comunidades indígenas que protestaban por desalojos de tierra o por la contaminación de una minera rusa en el noreste del país. Giammattei, lejos de contestar a los congresistas, ha acusado a Estados Unidos de entrometerse con la soberanía guatemalteca.
Por ahora, Estados Unidos mantiene congelada la ayuda militar a los tres países del Triángulo Norte. El FY2023 reiteró la disposición por cuarto año consecutivo en los casos de Guatemala y Honduras y por tercera ocasión para El Salvador.
El presupuesto recién aprobado por la Cámara de Representantes, dice un asistente legislativo consultado por Infobae en Washington, tiene un mensaje político claro: “Sí, creemos que hay corrupción y autoritarismo. Mucho. Y seguiremos pidiendo cuentas. Este dinero es de los estadounidenses y hay que garantizar que se use bien”, asegura bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacer comentarios en público.
El texto del FY2023 coincide con ese espíritu. “El comité enfatiza que mejorar el estado de derecho y combatir la corrupción deben de ser prioridades de los Estados Unidos en El Salvador, Guatemala y Honduras para ayudar a enfrentar la causas que generan la migración y asegurar la rendición de cuentas sobre la ayuda estadounidense”.
Los legisladores, además, piden al Departamento de Estado y USAID “usar todas las herramientas diplomáticas a su disposición, de forma apropiada, para fortalecer a la sociedad civil, aumentar la capacidad para pedir cuentas a funcionarios corruptos y aumentar las persecuciones criminales” de estos funcionarios.
Norma Torres, congresista demócrata de origen guatemalteco que representa a California en la cámara baja, dijo que “promover la democracia, combatir la corrupción y estabilizar a los gobiernos de Centroamérica son prioridades de la política exterior de Estados Unidos”, y que los condicionantes impuestos a los países del norte centroamericano “ayudarán a abordar la anarquía y la impunidad de los líderes autoritarios, prevenir la violencia contra las mujeres y promover los derechos humanos”.
Torres es una de las congresistas que ha señalado las derivas autoritarias del salvadoreño Bukele y el guatemalteco Giammattei. Sus señalamientos al presidente de El Salvador le costaron amenazas de seguidores de Bukele que la legisladora ha pedido al FBI investigar.
