Para medir la libertad económica, la Fundación Heritage, en colaboración con The Wall Street Journal, publica anualmente el Índice de Libertad Económica (ILE).
Este índice refleja como la libertad económica conduce a un mayor crecimiento de la economía: “Los países en los que la libertad económica ha aumentado han crecido, en media anual, un 2,6%, mientras que, aquellos donde se ha reducido la libertad económica, presentan un crecimiento medio del 1,7%”.
Además, también refleja que hay una estrecha relación entre libertad económica y PIB per cápita: “en las economías donde la libertad económica es muy alta, el PIB per cápita es 10 veces mayor que en aquellas otras donde la libertad económica es baja o muy baja”.
Singapur, Nueva Zelanda y Australia encabezan el ranking de los países con mayor grado de libertad económica. España figura en el puesto 39, encabezando el grupo de los “moderadamente libres”. Chile es con gran diferencia sobre los demás el primer país latinoamericano en el ranking, en el puesto 19.
Chile se situó en el lugar Nº 29 entre 165 países en la edición 2021 del Índice Economic Freedom of the World, dado a conocer por el
Fraser Institute de Canadá en asociación con Libertad y Desarrollo para Chile. Esta posición implica que el país retrocedió 15 puestos con respecto al informe de 2020.
Lo anterior refleja una disminución en su puntaje, pasando de 7,96 en 2020 a 7,85 en el presente informe. De esta manera, el país retorna a puntajes similares a los registrados en 2015 y 2016.
A nivel sudamericano, a pesar de su descenso, el ranking lo sigue liderando Chile. Lo sigue Perú (7,78; Nº 35) y Uruguay (7,36; Nº 72), mientras que los países de peor desempeño son Venezuela (2,83; Nº 165) y Argentina (5,5; Nº 153).
El reporte anual Economic Freedom of the World es considerado una de las mediciones de libertad económica más prestigiosas. Utiliza 42 variables diferentes para crear un ranking basado en políticas que fomentan la libertad económica. Se mide en cinco áreas:
– Tamaño del Gobierno
– Estructura Legal y Derechos de Propiedad
– Estabilidad de la Moneda
– Libertad Para el Comercio Internacional
– Regulación Crediticia, Laboral y de los Negocios
La Argentina se ubicó en el lugar 148 del ranking de Libertad Económica elaborado por una entidad norteamericana de orientación conservadora.
El informe diferencia cinco grupos de países, según su grado de libertad económica: libres (puntaje de 80 a 100), mayormente libres (de 70 a 79,9), moderadamente libres (60 a 69,9), mayormente no libres (50 a 5,9) y reprimidos (0 a 49,9).
La Argentina es identificada así como una economía “mayormente no libre”. Su puntaje de 52,7 puntos es inferior a los promedios mundial (61,6) y regional (59,5). En el ranking general aparece inmediatamente después de Brasil, Camerún, Malawi, Afganistán y Dominica, una isla del Caribe, y precede a Ecuador, Sierra Leona, Etiopía y Pakistán. A nivel regional, entre los 32 países de “las Américas”, ocupa el puesto 26, con una calificación general inferior a la de países como Guyana y Nicaragua y levemente mejor que las de Haití, Surinam y Bolivia.
CUBA
El puntaje de libertad económica de Cuba es 28,1, lo que convierte a su economía en la 176 más libre en el Índice 2021. Su puntaje general ha aumentado en 1.2 puntos, principalmente debido a una mejora en el puntaje de integridad del gobierno. Cuba ocupa el puesto 31 entre 32 países de la región de las Américas, y su puntaje general está muy por debajo de los promedios regionales y mundiales.
La economía cubana ha estado en la parte inferior de la categoría reprimida desde la creación del Índice en 1995. Solo dos de los 12 indicadores del Índice de Cuba tienen puntajes por encima de 50. Fuertes reducciones en el crecimiento económico debido a sanciones estadounidenses más severas y al colapso económico en el estado cliente Venezuela han obligado al régimen de Castro a dar marcha atrás en un conjunto de medidas muy tímidas que tenían como objetivo la liberalización parcial.
IMPACTO DEL COVID-19: Al 1 de diciembre de 2020, se habían atribuido 136 muertes a la pandemia en Cuba. No se dispone de una proyección actual del impacto potencial sobre el crecimiento económico.
La tasa impositiva máxima sobre la renta de las personas físicas es del 50 por ciento y la tasa impositiva corporativa máxima es del 30 por ciento. La carga fiscal general equivale al 43,5 por ciento del ingreso nacional total. El gasto público ha ascendido al 64,6 por ciento del producto total (PIB) durante los últimos tres años, y los déficits presupuestarios han promediado el 7,7 por ciento del PIB. La deuda pública equivale al 51,9 por ciento del PIB.
Cuba tiene cuatro acuerdos comerciales preferenciales vigentes. La tasa arancelaria promedio ponderada por el comercio es del 7,9 por ciento y están en vigor 50 medidas no arancelarias. Las empresas estatales distorsionan significativamente la economía. El acceso al crédito para la actividad del sector privado se ve gravemente obstaculizado por la poca profundidad del mercado financiero. A pesar de una década de cambios graduales, el estado mantiene firmemente el control
VENEZUELA
El puntaje de libertad económica de Venezuela es 24,7, lo que convierte a su economía en la 177 más libre en el Índice 2021. Su puntaje general ha disminuido en 0.5 puntos, principalmente debido a una disminución en el puntaje del gasto público. Venezuela ocupa el último lugar entre los 32 países de la región de las Américas, y su puntaje general está muy por debajo de los promedios regionales y mundiales.
La libertad económica ha sido sofocada en Venezuela bajo los regímenes de Chávez y Maduro. Si un gobierno de transición pudiera tomar el poder y comenzar el largo regreso a la democracia de mercado, tendría que poner fin a la hiperinflación, reestructurar la deuda pública y reconstruir las instituciones para restaurar la confianza en el estado de derecho y promover la inversión. Sin embargo, la primera prioridad sería restablecer las bases culturales del espíritu empresarial y el libre mercado.
IMPACTO DEL COVID-19: Al 1 de diciembre de 2020, se habían atribuido 901 muertes a la pandemia en Venezuela, y se pronosticaba que la economía se contraería en un 25.0 por ciento para el año.
Las tasas más altas de impuestos sobre la renta individual y corporativos son del 34 por ciento. Otros impuestos incluyen un impuesto al valor agregado. La carga tributaria general equivale al 24.0 por ciento del ingreso nacional total. El gasto público ha ascendido al 35,8 por ciento de la producción total (PIB) en los últimos tres años, y los déficits presupuestarios han promediado el 19,3 por ciento del PIB. La deuda pública equivale al 232,8 por ciento del PIB.
Los costos de entrada de iniciar un negocio han disminuido un poco, pero siguen siendo muy altos. Las políticas y prácticas socialistas de Venezuela casi han eliminado cualquier libertad laboral. La hiperinflación que comenzó en 2017 obligó al gobierno, en medio de la caída de los ingresos del petróleo y una contracción económica real de siete años de más del 80 por ciento, a expandir los ya extensos controles de precios en 2020.
Venezuela tiene tres acuerdos comerciales preferenciales en vigor. El tipo arancelario medio ponderado por el comercio es del 12,6 por ciento, y están en vigor 134 medidas no arancelarias. Años de políticas intervencionistas y distorsionadoras del mercado, incluidas restricciones a la importación, expropiaciones y nacionalizaciones, han desalentado la inversión y han llevado a condiciones económicas terribles. El sistema financiero sigue bajo una fuerte interferencia estatal y se ve obstaculizado por un alto grado de incertidumbre.
NICARAGUA
El puntaje de libertad económica de Nicaragua es de 56.3, lo que convierte a su economía en la 125ª más libre en el Índice 2021. Su puntuación global ha disminuido en 0,9 puntos, principalmente debido a una disminución de la libertad comercial. Nicaragua ocupa el puesto 23 entre 32 países de la región de las Américas, y su puntaje general está por debajo de los promedios regionales y mundiales.
La economía de Nicaragua sigue siendo en su mayoría no libre este año, como lo ha sido durante más de una década. Si alguna vez se restaura la democracia basada en el mercado en Nicaragua, el primer paso necesario para resucitar la libertad económica será una revisión completa de las instituciones del estado de derecho del país para proteger los derechos de propiedad, establecer un sistema judicial transparente y confiable y eliminar las muchas formas de corrupción que florecen bajo un sistema autoritario y socialista.
IMPACTO DEL COVID-19: Al 1 de diciembre de 2020, se habían atribuido 161 muertes a la pandemia en Nicaragua, y se pronosticó que la economía se contraería un 5,5 por ciento en el año.
Los costos involucrados en iniciar un negocio, obtener electricidad y lidiar con los permisos han aumentado. La libertad de negocios ha caído por tercer año consecutivo. La ley laboral dice que el 90 por ciento de los empleados de cualquier empresa deben ser nicaragüenses, pero se hacen algunas excepciones. El gobierno mantiene controles sustanciales sobre los precios del gas butano, la electricidad para los hogares y los productos farmacéuticos, al tiempo que subsidia fuertemente el combustible y el agua.
Nicaragua tiene nueve acuerdos comerciales preferenciales en vigor. El tipo arancelario medio ponderado por el comercio es del 5,8 por ciento, y están en vigor 54 medidas no arancelarias. Los sistemas judiciales y regulatorios favorecen a las empresas estatales y socavan las entradas de inversión extranjera. El bajo nivel de intermediación financiera sigue obstaculizando el crecimiento del sector privado. Aproximadamente el 33 por ciento de los nicaragüenses adultos tienen una cuenta en una institución bancaria formal.
