Más de 300 miembros de diferentes sectores de la sociedad cubana, personas con distintas ideologías y posiciones políticas, enviaron una carta a los gobiernos de Cuba y EEUU en la que manifiestan las «condiciones mínimas e indispensables» que deberían regir un posible nuevo acercamiento entre Washington y La Habana.
A: Gobierno de los Estados Unidos de América
Gobierno de la República de Cuba
Congreso de los Estados Unidos.
Ante la posibilidad de un nuevo acercamiento entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, nos dirigimos a ustedes para transmitir nuestras impresiones sobre este tema. Quienes suscribimos esta carta somos miembros de los diferentes sectores de la sociedad cubana, personas con distintas ideologías y posiciones políticas, pero movidos por el mismo anhelo de una Cuba democrática, próspera y respetuosa de todos los derechos para todas las personas. Muchos acompañamos y participamos con esperanza del acercamiento (normalización) propiciado durante la administración Obama y desde las enseñanzas de aquella experiencia hacemos constar que:
a) La soberanía de Cuba como nación independiente no puede ser monopolizada por un gobierno. No se debe confundir empoderamiento de la sociedad con el apoyo a la agenda del régimen y de grupos autorizados por este para representar a la sociedad civil.
b) El régimen vigente en Cuba niega derechos fundamentales —políticos, civiles, económicos y culturales— a su sociedad. Criminaliza el disenso y excluye la participación autónoma. Este tipo de regímenes atenta contra estándares internacionales de derechos humanos, por lo cual es legítimo que la comunidad internacional asuma posicionamientos ante la desprotección en que se encuentran los ciudadanos del país.
c) Durante la normalización no se experimentaron en la Isla avances en los derechos humanos. Organizaciones nacionales e internacionales documentaron entonces altos niveles de represión contra actores de la sociedad civil y la oposición. Muchos de los activistas, periodistas, emprendedores y artistas que acompañaron la normalización, hoy se encuentran en el exilio.
d) La represión es consustancial a la naturaleza totalitaria del sistema y responde al empoderamiento de los ciudadanos. No depende de la actitud del gobierno de Estados Unidos, como demuestra este primer mes de la presidencia de Biden. Hoy se ha expandido y diversificado la represión incluso contra nuevos actores como los activistas de poblaciones en situación de vulnerabilidad, artistas, ambientalistas, protectores de animales, intelectuales de orientación progresista, entre otros.
e) Las reformas económicas realizadas por el gobierno de Cuba durante la normalización de Obama fueron mínimas y sufrieron congelamiento o reversión incluso antes de la administración Trump. Algunos de los reclamos básicos de los emprendedores cubanos llegaron, también de manera limitada, en el contexto de la crisis económica generada por la obsolescencia del modelo económico, el impacto del coronavirus y las sanciones de la administración Trump, pero no en el marco de la normalización.
f) Durante el deshielo anterior, es cierto que creció cierta clase media urbana que mantuvo una actitud de no confrontación o colaboración con el régimen, pero la mayoría empobrecida del país no se benefició de la normalización. Su situación, en términos de ingresos, consumos y derechos no mejoró y se ampliaron los niveles de desigualdad.
Partiendo de lo antes expuesto, ratificamos nuestro compromiso con el avance democrático en nuestro país y el apoyo a nuevos procesos de normalización y negociaciones, siempre que estos tengan en cuenta un grupo de condiciones mínimas e indispensables:
1- Que haya una amplia participación y representación de la sociedad cubana, en toda su diversidad social y política, en el proceso de normalización.
2- Que, a diferencia del proceso anterior, la negociación se realice en condiciones de transparencia, con acceso equitativo a medios oficiales e independientes cubanos, así como a la prensa internacional. Ningún acuerdo podrá tomarse a espaldas de la ciudadanía cubana y estadounidense. El proceso deberá ser acompañado por mediadores de credibilidad y experiencia como el Vaticano, Noruega y el Parlamento Europeo e involucrar multilateralmente a gobiernos y sociedad civil de Europa y Latinoamérica.
3- Que toda negociación debe tener como principal premisa y finalidad el reconocimiento de los derechos civiles, económicos y políticos del pueblo cubano contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobados por las Naciones Unidas; no ratificados, hasta la fecha, por el gobierno cubano.
4- Que el proceso de negociación y los acuerdos resultantes tengan un carácter escalonado, con metas concretas y empíricamente evaluables para cada fase del proceso. Con mecanismos periódicos de revisión en los que, junto a los gobiernos, se incluya el acompañamiento, monitoreo e incidencia de la sociedad civil, siguiendo buenas prácticas de otros procesos internacionales. De los resultados de estas evaluaciones dependerá el avance de las negociaciones a fases superiores o su interrupción en caso de incumplimientos.
5- Que sea preliminar al inicio de las negociaciones la liberación inmediata —sin exilio condicionado— de los más de cien presos y presas políticas condenados de manera injusta por ejercer y reclamar derechos ciudadanos, así como la legalización de todas las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado que van a estar representadas en las conversaciones. El cese de la represión política y las restricciones económicas a la ciudadanía tienen que constituir un imperativo para el mantenimiento de las negociaciones.
6- Que una negociación que tenga como centro los derechos del pueblo cubano, no puede avanzar mientras subsistan elementos que entorpezcan las relaciones entre los cubanos de la Isla y el exterior. Resulta necesario la reapertura de trámites consulares en ambos países; que el gobierno de los Estados Unidos derogue las restricciones a los viajes de cubanos a la Isla y el envío de remesas por vías civiles; y que el Gobierno cubano elimine las prohibiciones de salida y entrada del país a médicos, deportistas, profesionales, disidentes, activistas y todas las personas a las que injustamente se les priva de estos derechos. Estas son decisiones que deben ser tomadas al unísono por ambos gobiernos.
Como ciudadanos cubanos queremos que el Gobierno avance hacia la normalización de las relaciones con el resto de las naciones, pero, en primer lugar, con los propios cubanos donde quiera que se encuentren. Que Cuba se inserte en el mundo como un país verdaderamente soberano, respetuoso de los derechos humanos y democrático, algo que hoy está lejos de ser una realidad. Toda negociación debe ir enfocada a este objetivo.
— Carta Abierta
(DDC)
